La Llei de Costes i Empúriabrava

Aquesta notícia apareixia a la Vanguardia d'ahir, 31 d'octubre de 2010:

La aplicación de la ley de Costas es un mal sueño para miles de propietarios deEmpuriabrava (Alt Empordà). La plácida imagen de la urbanización navegable, con yates amarrados al pie de parcela, ha quedado fulminada por los planes para aplicar la ley con un nuevo deslinde. El futuro de Empuriabrava, según los propietarios, está hipotecado con la delimitación costera en marcha.

OTROS TIRA Y AFLOJA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

La Junta andaluza rechaza el deslinde en el litoral de Doñana

Al Gobierno se le ha ido la mano en el deslinde de la franja costera de Doñana, lo que ha provocado las iras de la Junta de Andalucía y de los propietarios particulares. El dominio marítimo terrestre se mete hasta casi cinco kilómetros tierra adentro. La principal afectada es la Junta de Andalucía, que gestiona el parque, aunque también la estación biológica de Doñana (dependiente del CSIC) y la familia González Gordon. El Gobierno andaluz espera conocer la posición de la nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, antes de recurrir a los tribunales. Con la aplicación de la ley de Costas, Medio Ambiente pretende recuperar el control de una buena parte del parque de Doñana, cuya gestión tuvo que ceder a la Junta por una sentencia del Constitucional. Al trazar la línea de delimitación se adentra en algunos puntos 4,8 kilómetros; en la parte oriental se queda en poco más de dos kilómetros. La longitud es de 35 kilómetros, lo que suma un total de 9.200 hectáreas, casi el 12% del parque nacional. En ese territorio nadie podría hacer nada sin la autorización del ministerio, aunque el uso queda atribuido durante 30 años a los actuales propietarios. La causa del enfrentamiento no es a cuenta de la mayor o menor protección de la zona, sino del control que ejercen una y otra administración. Existe el temor de que esa franja sea utilizada para la batalla política. No ahora porque las dos administraciones son del mismo signo político. En la memoria está la lucha a brazo partido por el control de Doñana, con el vertido de Aznalcóllar inundando el Guadiamar, cuando José María Aznar mandaba en la Moncloa y Manuel Chaves en Sevilla.

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Unas 800 familias afectadas tratan de salvar sus casas en Elx

"La ley de Costas ha destrozado la vida a más de 15.000 familias valencianas". Lo afirma así José Ortega, secretario, portavoz y asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas. Este abogado asegura que la relación de casos es "tan increíble" que se puede hablar de "desastre humano en grandes tramos de la costa valenciana". Se trata de historias como las de 800 familias de Los Arenales del Sol, en Elx (Alicante), a las que hicieron un deslinde del dominio público en sus fincas y que siguen luchando por salvar sus viviendas. Son familias que viven casi todo el año en apartamentos de primera línea de playa que fueron construidos en los años 70. Otro caso son las 140 familias de Santa Pola que viven en viviendas unifamiliares edificadas a finales de los 60. Pero hay más, como las 74 viviendas de El Saler; una serie de chalets y de edificios pequeños de tres plantas que fueron construidos por el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de la Vivienda en los años 70. En ese mismo lugar, el emblemático hotel Sidi Saler lucha ahora en el Tribunal de Estrasburgo para evitar la expropiación por el deslinde promovido en la zona sur de Valencia. "Los casos son innumerables y han brotado en los últimos años en poblaciones con gran ocupación turística como Torrevieja, Cullera o Gandia", añade el letrado. Un sector muy activo contra la ley de Costas, con el apoyo de la Generalitat Valenciana e incluso del PSPV-PSOE, es el de los propietarios y concesionarios de chiringuitos de playa. La batalla, con fuerte apoyo de los medios locales, ha provocado que se incorpore al discurso político y victimista del PP frente al Gobierno Español.

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El nuevo deslinde del Ministerio de Medio Ambiente marca un dominio público que alcanza el último confín entre los canales de este puerto interior situado un kilómetro y medio tierra adentro. La raya verde de la frontera de lo público serpentea los canales, sigue una traza en zigzag en este laberinto de parcelas y entra hasta los últimos embarcaderos (garajes náuticos domésticos cubiertos).

Se mete casi hasta las entrañas de cada parcela. Los propietarios perderán el carácter privado de su amarre o embarcadero; y, además, sus parcelas quedan tocadas por una zona de servidumbre de tránsito, franja de seis metros prevista en la ley para facilitar el acceso directo al mar. La zona de servidumbre cruza el jardín, las piscinas y las pérgolas con barbacoa, y "te pasa por mitad de las camas en la casa", dice Tim Pelters, secretario de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava.

Varios miles de propiedades están afectados. Toda parcela inundada con agua pasará a ser dominio público. Unos 2.000 amarres situados en los canales, inscritos hasta ahora como propiedad privada, perderán esta condición. Y lo mismo decenas de embarcaderos de interior de parcela o los amarres situados en los minipuertos privados situados a final de canales y junto a las casas pareadas.

"Todas estas propiedades y sus amarres están legalmente inscritas en los registros de propiedad como parcelas sin cargas ni limitaciones", explica Pelters. Se han ido comprando y vendiendo legalmente mediante escrituras notariales durante cuarenta años. "El Estado español ha legimitado todo esto. Ha habido centenares de operaciones de compraventa.

Notarios y registradores han ido legalizando de facto la situación. Se han hecho ventas sin advertencia alguna. Han intervenido tasadores y los bancos han hecho hipotecas. Además, hemos pagado impuestos a todas las administraciones por la totalidad de la parcela. Y nunca se nos ha advertido de la afectación", apunta Pelters. "El Estado ha cobrado por nuestras propiedades y dice ahora que esa propiedad no es nuestra", agrega otra propietaria, Brigitte Anquetil.

Centenares de propietarios (con el apartamento o la casa a pie de canal) están alarmados por las consecuencias de la zona de servidumbre de tránsito que se reservará en el interior de las parcelas para un posible y futuro paso público. Esta servidumbre no supone en sí una pérdida de propiedad legal, pero comporta drásticas restricciones. En esa franja no se podrán hacer obras de consolidación, aumento de volumen o modernización. No obstante, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que ultiman el deslinde destacan que no será necesario tirar vallas en las parcelas (para habilitar el paso) si existe una servidumbre de tránsito alternativa.

Pero los propietarios temen el sacrificio de esos seis metros de parcela. Para ellos, es un expolio. La consecuencia de todo esto es el desplome económico. Las ventas y los precios de las casas se han hundido. La inseguridad jurídica hace que muchos desconfíen a la hora de comprar. "¿Qué pasará con el valor de nuestras casas, qué pasará con el valor de las hipotecas?", se pregunta Susana Hoffmann, dueña de una inmobiliaria. Hay gente que ha pedido una hipoteca a cuarenta años. ¿Usted compraría?

Mientras tanto, los notarios empiezan a advertir de la posible afectación por el deslinde; y los registradores se echan atrás ante escrituras conflictivas. Otro riesgo es la degradación de la zona por falta de inversiones. Las empresas constructoras dejarán de tener encargos. ¿Arreglar, conservar, para qué si ya es una propiedad marcada? Estigmatizada.

"Colocar una servidumbre de tránsito no tiene sentido. Esto no es la costa, es una urbanización artificial. No nos oponemos al espíritu de la ley de Costas, pero no es de aplicación en este caso", dice Pelters. Los propietarios han promovidos diversas iniciativas en el Congreso para modificar la ley –la última, instada por Pere Macias, de CiU– para que se admita esa excepción.

Los técnicos de Medio Ambiente destacan que la concesión dada en su día a los promotores de Empuriabrava (31 de julio de 1980) ya señalaba que la tierra ocupada por el agua formaba parte del dominio público. "No sabemos por qué se registraron los embarcaderos. Los registradores de propiedad debieron hacer mejor su trabajo; pero la legislación anterior ya decía que eso era zona de dominio público", indican.

Sobre la zona de servidumbre, las mismas fuentes señalan que "generalmente" la afectación se da sobre jardines y piscinas. El reglamento de la ley de Costas no obliga a abrir al paso de manera inmediata la zona de servidumbre de tránsito, sino que permite dejar la situación tal como está "si hay una servidumbre de tránsito alternativa", es decir, "si está garantizado el paso por detrás de todas la parcelas". No obstante, la zona de servidumbre (en mitad de la propiedad) sí tendría que habilitarse en caso de que "sí se hiciera en la zona una nueva marina".

"Compramos de buena fe. Confiamos en notarios y el registro. ¿Cómo podíamos imaginarnos que iban a aplicar la ley de Costas veintidós años después de aprobarla", dice desolada Susana Hoffmann.

Evidentment, això no acabarà així perquè dubto que una llei pugui carregar-se o expropiar el domini privat, sense més. Suposo que encara en parlarem molts anys més, però ho trobo fort.

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